La ofensiva judicial impulsada por la concejal opositora Daniela Monzón contra el intendente Sergio Barenghi por la gestión del basural a cielo abierto llegó a su fin en el fuero penal. La Fiscalía determinó que no existen elementos para imputar un delito al jefe comunal, aunque la resolución dejó en claro que el predio municipal continúa funcionando en clara infracción a la legislación ambiental vigente.
Qué resolvió la Fiscalía
El fallo fue dictado el pasado 27 de julio por el fiscal Lisandro Masson, titular de la UFI Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes. En el dictamen, el investigador fue categórico al señalar que «no puede advertirse […] la existencia de un hecho penalmente típico ni la individualización de un autor penalmente responsable».
La denuncia original había sido presentada por Monzón en marzo, acumulando fuertes cuestionamientos sobre el estado del predio:
- Contaminación ambiental: Señaló graves afectaciones en suelo, aire y agua.
- Falta de control: Advirtió sobre incendios reiterados y ausencia de un tratamiento integral de los residuos.
- Riesgo hídrico: Alertó sobre un posible peligro de inundación por el desborde del canal vinculado a la laguna de Bragado.
Asimismo, la fiscalía descartó tipificar el caso bajo la Ley de Residuos Peligrosos (Ley 24.051), constatando que se trata estrictamente de residuos sólidos urbanos domiciliarios.
El delito no, la infracción sí
El archivo de la causa penal no implica que la situación del basural esté regularizada. El fiscal remarcó que «la infracción a la obligación de clausurar los basurales a cielo abierto se encuentra objetivamente configurada», recordando que el predio infringe la Ley provincial 13.592.
Sin embargo, el magistrado aclaró que este incumplimiento posee una naturaleza administrativa y debe resolverse a través de los organismos ambientales de la Provincia y no mediante una vía penal. En este sentido, la resolución valoró que el Ministerio de Ambiente bonaerense ya conocía la situación desde 2022 y optó por un proceso de asistencia técnica y regularización progresiva en lugar de aplicar sanciones directas.
Gestión municipal y lo que falta hacer
Para descartar la figura de dolo o de omisión maliciosa por parte del Ejecutivo, la Justicia ponderó las acciones correctivas llevadas adelante por el municipio. Entre ellas se destacan la contratación de asesoramiento técnico, la presentación del Programa Básico Preliminar y mejoras estructurales como la instalación de un cerco perimetral, garitas de vigilancia, personal de control y una cortina forestal.
Por su parte, el secretario de Gobierno, Esteban Burga, declaró en el expediente que el predio está cercado y controlado, atribuyendo los incendios a factores ajenos al municipio. Respecto al veto a la ordenanza de emergencia ambiental, justificó que respondió a limitaciones presupuestarias estrictas, detallando que trasladar los residuos al CEAMSE demandaría un costo estimativo de 150.000 dólares mensuales.
A pesar del cierre de la vía penal contra el mandatario local, el expediente dejó una exigencia clara para la administración de Bragado: la documentación judicial subraya que todavía resta finalizar el censo de recuperadores urbanos y concretar el cierre técnico definitivo del predio. Las actuaciones fueron remitidas directamente al Ministerio de Ambiente bonaerense para continuar con el seguimiento administrativo.