El máximo tribunal desestimó la queja de la prestataria y ratificó la sentencia que la obliga a adecuar los niveles de arsénico en un plazo de 180 días. Desde la UCR local celebraron la medida, pero advirtieron que el reclamo lleva más de una década de demora judicial.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso de queja presentado por Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), dejando de esta manera firme una sentencia histórica que exige a la empresa iniciar obras estructurales para asegurar la calidad y potabilidad del agua de red en la ciudad de Bragado.
La decisión del máximo tribunal, firmada por los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ratifica la obligación de la prestataria de adecuar el suministro a los parámetros establecidos por las normativas sanitarias vigentes en un plazo perentorio de 180 días.
Un reclamo con más de una década de historia
El origen de esta resolución se remonta a la causa judicial caratulada «Fernández Urricelqui, Fabricio c/ Aguas Bonaerenses S.A. s/ amparo», iniciada formalmente en el año 2013. En aquel entonces, diversos informes técnicos —entre ellos estudios elaborados por la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA)— advirtieron que el agua de red local presentaba concentraciones de arsénico de hasta 0,07 mg/l.
Dicha cifra representa siete veces el límite máximo tolerado de 0,01 mg/l recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y estipulado en el Código Alimentario Argentino.
Tras años de litigio, en 2021 la Justicia del Departamento Judicial de Mercedes falló inicialmente a favor de los vecinos, ordenando correcciones no sólo respecto al arsénico, sino también sobre los niveles de nitratos, flúor y sólidos disueltos. Pese a las sucesivas apelaciones de ABSA ante la Cámara Contenciosa Administrativa de San Martín y la Suprema Corte bonaerense, la empresa vio rechazados todos sus planteos hasta llegar a la instancia federal definitiva.
Repercusiones políticas y exigencias de control
Desde el ámbito político local, el vicepresidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Bragado, Nicolás Lamazón, celebró la medida judicial aunque cuestionó los tiempos procesales. «Es una gran noticia para Bragado, pero llega tarde. Detrás de este fallo hay vecinos que decidieron no resignarse y llevaron el reclamo hasta la última instancia», expresó el dirigente.
Asimismo, Lamazón cuestionó los argumentos esgrimidos históricamente por la empresa prestataria, que había alegado una supuesta vulneración a la autonomía regulatoria provincial: «El agua que toman las y los bragadenses no puede quedar atrapada en una discusión de competencias. Cada año de litigio fue un año más lejos de los estándares de salud», sentenció.
Pedidos concretos de la oposición local:
Ante la firmeza de la manda judicial, desde el espacio político plantearon cuatro exigencias fundamentales para el corto plazo:
- Cronograma público: Que ABSA y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires presenten un plan de obras detallado, con plazos claros y presupuesto asignado.
- Transparencia informativa: Que se divulguen de manera periódica y accesible los análisis bromatológicos del agua de red.
- Rol activo institucional: Que tanto el Departamento Ejecutivo Municipal como el Concejo Deliberante encabecen tareas estrictas de seguimiento y control sobre el cumplimiento del fallo.
- Mitigación provisoria: Que, mientras se extiendan las obras de infraestructura, se garantice información fehaciente a la ciudadanía sobre alternativas seguras de consumo.
«Los bragadenses no pueden pasar ni un día más tomando agua con arsénico. No alcanza con un fallo: queremos las obras en marcha y los análisis publicados. Bragado esperó trece años y no puede esperar más», concluyó Lamazón.