La concejal Carla Bruno marcó la postura de su bloque ante la iniciativa del oficialismo en el Concejo Deliberante de Bragado. Aunque coincidió en la gravedad de la situación judicial del edil libertario, insistió en que cualquier medida debe encuadrarse estrictamente en la Ley Orgánica de las Municipalidades.
El debate institucional en el Honorable Concejo Deliberante de Bragado sumó un nuevo capítulo tras la propuesta del bloque oficialista de aplicar una «separación temporaria» al concejal Germán Díaz, actualmente investigado por la justicia. Desde la bancada del PRO, la edila Carla Bruno anticipó que no acompañarán dicha iniciativa por no estar contemplada en el marco legal vigente.
Firmeza institucional, pero dentro de la ley
Si bien desde el espacio opositor remarcaron que comparten la máxima preocupación sobre el impacto y la entidad de los hechos que involucran a Díaz, sostienen que el cuerpo deliberativo no puede apartarse del debido proceso ni crear mecanismos alternativos que no figuren en la normativa bonaerense.
«Compartimos plenamente la mirada sobre la gravedad del caso, pero no podemos acompañar propuestas que estén por fuera de la ley. Las instituciones deben funcionar respetando las herramientas legales existentes», argumentó la concejal Carla Bruno.
Licencia, suspensión o destitución: ¿Qué establece la LOM?
La discusión técnica gira en torno a lo que dispone la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) para los funcionarios electos en la provincia de Buenos Aires:
Principio de inocencia y destitución: La destitución definitiva de un edil únicamente procede ante una sentencia judicial firme.
Suspensión preventiva: El Concejo Deliberante puede evaluar la suspensión del cargo en caso de que la Justicia dicte y confirme una orden de prisión preventiva firme.
Licencia administrativa: Mecanismo temporal habilitado mientras avanza el proceso judicial sin alterar el encuadre normativo.
Desde la bancada del PRO insistieron en que la figura de «separación temporaria» planteada por el oficialismo constituye un atajo jurídico que no existe en el reglamento interno ni en la LOM, lo que podría acarrear la nulidad de lo actuado o futuros planteos de inconstitucionalidad.
El escenario en el Concejo Deliberante de Bragado
La comisión especial conformada por representantes de las distintas fuerzas políticas continúa analizando los pasos a seguir a la espera de definiciones clave en el expediente judicial. Mientras el oficialismo busca dar una respuesta política inmediata frente a la demanda social, el bloque del PRO ratificó que mantendrá una postura de estricto apego a la ley, aguardando la evolución de la causa para tomar las medidas institucionales que correspondan.
