La crisis en el sector lácteo sumó un capítulo de máxima tensión en el Barrio Jardín. Luego de confirmarse el cierre de la planta de quesos, una manifestación de ATILRA frente al domicilio particular del empresario derivó en el sabotaje de los suministros de luz y gas, requiriendo un despliegue policial de urgencia.
Lo que se inició como un reclamo gremial tras la parálisis productiva cruzó los límites de la protesta pacífica. Integrantes y referentes de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) llevaron sus reclamos con bombos y pancartas directamente a las puertas de la vivienda privada del empresario local Raúl Torreta.
Momentos de angustia en Barrio Jardín y despliegue policial
La manifestación escaló drásticamente cuando un grupo de protestantes realizó cortes deliberados en los servicios esenciales de luz y gas de la vivienda. El sabotaje a los suministros generó alarma inmediata en la familia del empresario y profunda preocupación entre los vecinos de la zona residencial.
Ante la gravedad del hecho y el riesgo inminente de nuevos disturbios, efectivos de la policía local acudieron al lugar en un operativo de urgencia. Las fuerzas de seguridad lograron disuadir a los manifestantes, restaurar el orden público y garantizar la integridad física de los residentes.
El trasfondo del conflicto: cierre de la fábrica y falta de materia prima
El trasfondo de la protesta responde a la delicada situación operativa de la firma. El propio Raúl Torreta confirmó el cierre definitivo de la fábrica de quesos, imposibilitada de continuar sus funciones debido a la severa falta de materia prima (leche) para mantener la producción.
Pese al cese de actividades en la planta industrial, el empresario aclaró que la unidad de negocios enfocada en la distribución y venta de otros productos continúa en marcha.
Disputa económica: deudas salariales y la exigencia de 70 millones
Respecto a la situación laboral con el personal afectado, Torreta reconoció formalmente que existe una deuda equivalente a un mes y medio de salarios. Para demostrar su voluntad de pago y saldar lo adeudado, el titular de la firma propuso poner a la venta vehículos de la empresa para reunir los fondos necesarios.
Sin embargo, el empresario denunció una postura intransigente por parte de la cúpula de ATILRA:
- Exigencia del gremio: El pago inmediato de 70 millones de pesos (distribuidos en montos de aproximadamente 7 millones por trabajador).
- Posición de la empresa: Torreta señaló que este reclamo resulta inviable y no deja margen para alcanzar un acuerdo negociado ni sustentable.
Aunque prefirió no salir al aire en medios audiovisuales, Torreta remarcó su firme intención de encauzar el conflicto y resolver la situación del personal a través de las vías legales e institucionales correspondientes.