El PRO busca crear una Comisión Especial para controlar la obra de la Planta de Ósmosis Inversa
Tras el histórico fallo de la Suprema Corte, la concejal Carla Bruno impulsa un órgano de seguimiento para garantizar que ABSA cumpla con los plazos y la calidad sanitaria del agua. «No alcanza con anunciar obras, hay que auditarlas», aseguran.
ABSA intenta esquivar sus obligaciones.
En Bragado, el agua potable dejó de ser una gestión administrativa para convertirse en una cuestión de supervivencia legal y sanitaria. Tras años de reclamos vecinales y una batalla judicial que escaló hasta lo más alto, el conflicto entra en una etapa decisiva: el control de la obra pública.
En este contexto, el bloque del PRO ha presentado un proyecto para crear una Comisión Especial de Seguimiento. El objetivo es claro: monitorear paso a paso la construcción de la planta potabilizadora mediante el sistema de ósmosis inversa, una obra que hoy no es una opción para el municipio, sino una obligación judicial ineludible.
Un fallo que cambió las reglas del juego
El trasfondo de esta iniciativa no es menor. En mayo de 2025, la Suprema Corte bonaerense dejó firme la sentencia del amparo “Fernández Urricelqui c/ ABSA”. El máximo tribunal ratificó lo que los vecinos denunciaban hace décadas: el agua de Bragado no es apta para el consumo humano debido a sus niveles de arsénico.
El dato: La justicia obliga a garantizar niveles por debajo de los 10 microgramos por litro, una meta que solo se alcanzará con la correcta puesta en marcha de la nueva planta.
Control político ante la falta de organización civil
La concejal Carla Bruno, quien ha mantenido una postura firme sobre la transparencia en el servicio, sostiene que la infraestructura ejecutada por Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) requiere una lupa constante.
La comisión propuesta no busca ser un sello burocrático más, sino una herramienta con facultades reales:
- Pedidos de informes periódicos a la empresa y al Ejecutivo.
- Citación a funcionarios responsables del área.
- Recorridas presenciales en el predio de la obra para verificar avances técnicos.
- Reportes públicos para que el vecino sepa realmente qué está consumiendo.
El proyecto también surge como una respuesta a la dificultad de la sociedad civil para sostener un monitoreo independiente. Ante la dispersión de los reclamos ciudadanos, el Concejo Deliberante intenta ahora institucionalizar la vigilancia de un recurso vital.
¿Acción concreta o reacción tardía?
La planta de ósmosis inversa es la respuesta a una deuda estructural que atraviesa gestiones de todos los colores políticos. Sin embargo, la desconfianza de la comunidad —alimentada por años de promesas incumplidas— hace que el control sea hoy tan importante como la obra misma.
«El agua no puede esperar y el control tampoco», es la premisa que resuena en los pasillos del Concejo. Ahora, la pelota está en la cancha del cuerpo deliberativo: deberán decidir si convierten esta comisión en una realidad o si el seguimiento del agua seguirá diluido entre anuncios oficiales y expedientes judiciales.