Mientras las obras de la tan postergada Autovía 5 continúan paralizadas o atrapadas en promesas inconclusas, el Gobierno Nacional avanzó con un esquema que prioriza la recaudación sobre la infraestructura. Ante este panorama, la concejal de Acción para el Desarrollo, Marita Gelitti, presentó un Proyecto de Resolución en el Concejo Deliberante de Bragado para rechazar firmemente la reapertura de las cabinas de peaje en Gorostiaga.
La iniciativa apunta directamente contra la Resolución 706/2026 del Ministerio de Economía, mediante la cual se adjudicó la concesión del denominado “Tramo Pampa” a la empresa CEOSA por un extenso plazo de 20 años, sin exigir a cambio las obras estructurales urgentes que demanda la región.
Más recaudación y menos obras: los detalles de la nueva concesión
El principal cuestionamiento de la legisladora local radica en el modelo de explotación vial que se busca consolidar sobre la Ruta Nacional Nº 5. Según argumenta el proyecto, el pliego de la nueva licitación solo contempla tareas básicas de mantenimiento y repavimentación en sectores que ya fueron intervenidos, dejando de lado la transformación a autovía en los tramos más críticos.
Además de la estación de Gorostiaga, el nuevo esquema contempla la incorporación de futuras cabinas de cobro en Lonquimay, las cuales se sumarán a las ya operativas en Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen. De esta manera, el corredor sumará más puntos de recaudación para los usuarios, pero mantendrá extensas zonas de circulación bidireccional.
El peligro de las rutas bidireccionales y el reclamo de los vecinos
La falta de una separación física entre carriles sigue siendo el factor de mayor riesgo en el corredor. Gelitti fundamentó su reclamo citando estadísticas de organizaciones viales que advierten un dato alarmante: el 92% de las víctimas fatales en este tipo de rutas se producen por choques frontales. Para comunidades como Bragado, donde los accidentes graves en la Ruta 5 han dejado marcas dolorosas, la falta de prioridad en la obra pública genera profunda preocupación.
Por otra parte, la resolución advierte una contradicción en el manejo de los recursos públicos: el Estado Nacional continúa percibiendo fondos a través del impuesto a los combustibles con destino al Fondo Fiduciario de Infraestructura Vial, pero dichos ingresos no se traducen de forma efectiva en la ampliación de carriles.
Un pedido que busca el respaldo de toda la región
El documento presentado por la concejal solicita formalmente que el rechazo de Bragado sea comunicado a:
- La Presidencia de la Nación.
- El Ministerio de Economía.
- Los distintos Concejos Deliberantes de los municipios ubicados a la vera de la Ruta 5.
Asimismo, la medida acompaña formalmente el histórico reclamo de los vecinos autoconvocados nucleados bajo la consigna “Autovía 5 Ya”, quienes llevan años visibilizando el peligro del trazado y exigiendo soluciones de fondo en lugar de nuevos puestos de cobro.